jueves, septiembre 23, 2010

Cuando el derecho del trabajador público incluye el derecho a matar.

Denuncia lanacion online que continúa funcionando la red de corrupciones entre inspectores y dueños de boliche que logran habilitaciones y evitan clausuras a  base de coimas. Entrevistando a miembros del Gobierno de la Ciudad surge que:

"El nido de corrupción que perdura en el área de fiscalización del Estado,  responde a varias circunstancias, la primera es que la gran mayoría de los inspectores que alguna vez fueron sospechados de corrupción, incluso durante la gestión de Aníbal Ibarra, cuando ocurrió la tragedia de Cromagnon, siguen trabajando hoy en el gobierno de la ciudad.Qué sucede? No le resulta fácil al gobierno echar a un inspector acusado de corrupción. El estatuto municipal dispone de una serie de condiciones, de testigos y de firmas que, al fin de cuentas, rara vez se obtienen.


 Esta fue la principal causa por la que en 2003 Ibarra creó el Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), que reúne a inspectores sospechados de corrupción hasta asignarles una nueva tarea, sin renunciar a su salario. Presiones de los gremios e imposiciones de la justicia laboral determinaron casos en los que algunos inspectores volvieron a ocupar sus cargos.


Un caso testigo: el diputado porteño Raúl Fernández (Encuentro Progresista), que era jefe de gabinete de Aníbal Ibarra cuando ocurrió la tragedia de Cromagnon, denunció el miércoles de la semana pasada que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos tiene hoy empleado al inspector Roberto Calderini, que en 1997 había relevado el local donde luego funcionaría Reventón (boliche previo a Cromagnon) y recomendado su habilitación, pese a que la infraestructura no se condecía con los planos declarados.

Tras el incendio en el boliche de Once, Calderini fue procesado y embargado por 100.000 pesos, acusado de negociaciones incompatibles, por actuar en connivencia con empresarios que asesoraban a locales en cuestiones de seguridad, en una causa paralela a la de Cromagnon. Una de las principales pruebas contra Calderini fue el hallazgo de su nombre, como destinatario de dinero, en uno de los asientos contables de las empresas investigadas.
La causa judicial contra Calderini prescribió por el paso del tiempo. En tanto, la administración porteña había derivado al inspector al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD). Ahora, según denunció Fernández, ese empleado ejerce funciones en el área de Habilitaciones; Martín Farrell, el director general de esa área, admitió el miércoles pasado que es así, aunque, aclaró, "no sale a la calle a inspeccionar".
Y claro, porque nuestra Constitución, vaya uno a saber por qué, prohibe el despido del trabajador del Estado, cosa que no hace con el trabajador privado, a quien se puede despedir pagandole una indemnizacion. Es curioso que el privado tenga la opción de desprenderse del trabajador que considera que no justiifca su sueldo y que el estado, que protege el bien común y nos representa a todos se vea obligado a becar inútiles. En realidad el fondo para esta norma es uno: evitar que el mandatario de turno despida a todo el mundo y ponga amigos; pero tiene que haber otra solución.
Con el sistema actual pasa lo que todos sabemos, muchos empleados del estado hacen la plancha, sabiendo que a menos que lo filmen acuchillando a un contribuyente es imposible que lo despidan. En la Justicia Penal una persona culpable puede no ser condenada por motivos técnicos, una mala instrucción, nulidades, prescripciones y claro siempre tiene el beneficio de la duda.  
Así tenemos un sistema donde Inspectores como Calderini habilitan un local con un plano que tiene una salida de emergencia. Inspeccionan el lugar y a pesar de no existir esa salida de emergencias, lo aprueban. Meses después ese local se incendia, la gente busca la salida de emergencia, pero encuentra una pared y mueren mas de 200 personas.En la investigación surgen asientos donde se le paga a Calderini coimas para habilitar el local. En cualquier lugar del mundo este tipo estaría preso de por vida. En nuestro país no solo está libre, sino que el Gobierno lo quiere echar y la justicia lo obliga a mantenerlo contratado por "el derecho del trabajador a la estabilidad".
Así los ciudadanos seguimos manteniendo ñoquis, inútiles, incompetentes, y tipos no calificados para el trabajo que hacen. Nos atienden como bestias cada vez que necesitamos hacer algo, tardan el triple de lo que deberían para hacer cualquier cosa, pierden expedientes, pasan años sin tratar la nota que presentamos... si total no pasa nada. Y esto si bien es repudiable no sería tan terrible, pero QUE NO SE PUEDA DESPEDIR  AL TIPO QUE HABILITÓ EL LOCAL DONDE SE PRODUJO LA MAYOR TRAGEDIA HUMANA DE LA HISTORIA ARGENTINA ES MUCHO!!!  ¿Si no se pudo despedir a este hombre, a quien se puede despedir? ¿Que empleado público puede ser acusado de algo peor que Cromañon? ¿Por que se mantiene este sistema irracional? Una cosa es proteger a los trabajadores, otra a los corruptos y asesinos! 
Mientras los señores jueces impiden echar a estas lacras de inspectores, hay miles de trabajadores en negro en el Gobierno de la Ciudad, o que figuran como "contratados" sin todos los beneficios de planta permanente. Estos trabajadores son cuasi esclavos, porque a la primera que se mandan no les renuevan el contrato. ¿Quien se ocupa de ellos?¿O por que no se preocupan los jueces por los haberes de los trabajadores? ¿Sabían que al entrar al Gobierno de la Ciudad el primer sueldo te lo pagan recién después de SEIS meses?!!
Pero nuestro sistema judicial es así. Al tipo que se mata laburando lo tienen en negro. Al que causó 200 muertes no lo pueden despedir. Los jueces obligan al Estado para que use nuestros impuestos para mantener vagos y criminales. La gente votó a Ibarra para que cambie algo, intentó sacar a los corruptos, pero los jueces no lo dejaron, ahora está Macri, y tampoco lo dejan. Mientras tanto los edificios se siguen derrumbado y los boliches incumpliendo las normas. El día de mañana vos, yo o alguno de tus familiares o amigos va a morir en otro hecho similar. Porque no hay que preguntarse si va a haber otra tragedia, sino cuando va a suceder. Si está probado que hay corruptos y asesinos en el area de habilitaciones y la "justicia" impide separarlos de su cargo, ¿que otra cosa puede pasar? Ah pero no, yo soy un hijo de puta, como me voy a poner en contra de los sagrados derechos del trabajador.

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