miércoles, octubre 11, 2006

Argentina 2006: sigue el terrorismo de estado.

J.J. Lopez era (seamos realistas...) testigo en una causa contra un asesino participante de la última dictadura militar argentina. Aparentemente a raiz de esta condición fue secuestrado y probablemente asesinado por grupos afines a la dictadura militar, convirtiendose el tema en prioridad para el gobierno y los organismos de derechos humanos. Lógicamente, resulta aberrante que se pueda secuestrar impunemente a un testigo para evitar que declare. Es aun mas nefasto si con esto se protege a quienes cometieron terrorismo de estado; y claro que se comprende la trascendencia que le da a este caso una sociedad que no quiere permitir que se repita una parte oscura de nuestra historia. Sin embargo al lado de otros casos este es un tema menor.

Los acusados por crimenes de terrorismo de estado en su mayoría son viejos que a lo sumo serán condenados a prisión domiciliaria por crimenes cometidos hace 30 años que están probados contundentemente. Que desaparezca un testigo de los crimenes de las dictaduras conlleva una terrible connotacion política, pero facticamente perjudica poco o nada a los habitantes de la nación argentina. Hay pruebas mas que suficientes para meter presos a los ex militares, la pena que se les aplicaría sería insignificante en relación con las atrocidades cometidas por ellos y es altísimamente improbable que estos acusados puedan volver a delinquir. Que se declare contra ellos o no, no cambia demasiado. Ya hay pruebas suficientes y la condena no va a alterar demasiado las cosas ya que un par de años de prision domiciliada por asesinar miles de personas no es precisamente justicia.

Por otro lado en la provincia de Salta una productora rural denunció a un diputado muy cercano al gobernador Romero, acusandolo de narcotraficante. A los pocos días la señora apareció asesinada a puñaladas y con la boca cortajeada. Claro mensaje mafioso para que nadie se atreva a meterse con el diputado provincial Ernesto Aparicio ni con su padrino político el gobernador Romero. Este caso no tuvo la trascendencia que debería y resulta terrible. Estando en democracia que un ciudadano sea asesinado por denunciar a un gobernante es simplemente intolerable. Es mas que obvio que si la mujer fue asesinada por sus dichos, estos debían de ser ciertos, y el asesino vinculado con el Diputado y probablemente con el Gobernador, quienes son miembros del partido del Presidente de la Nación. ¡¿Si ya es terrible que una dictadura asesine clandestinamente a ciudadanos, cuanto mas terrible que esto suceda en democracia?! Que los peronistas fueron siempre facistas, corporativistas, patoteros y mafiosos ya se sabía, pero que asesinen tan abiertamente y de forma tan evidente no puede dejar de generarme terror. Es increible como esta gente se sabe impune. Pueden matar a cualquiera de nosotros y saben que nadie los va a tocar, y ni se toman lamolestia de disimular que fueron ellos!. Hasta los enemigos de Menem por lo menos morían suicidados o accidentados.

Esta situación es alarmante e infinitamente peor que lo que le pasó al pobre señor Lopez. ¿Cuantas testigos de la dictadura habrá? Unos cientos o miles a lo sumo. En cambio testigos de crimenes de funcionarios podriamos ser cualquiera de los 40 millones de argentinos. El crimen contra Lopez si bien terrible, representa una amenaza contra unos pocos, mientras que el crimen de esta señora (Liliana Ledesma) representa una amenaza para cualquier ciudadano argentino que alguna vez pretenda luchar contra la impunidad de los políticos y sus mafias. ¿Quien sería tan idiota de denunciar a un funcionario tras este antecedente? El mensaje es clarisimo: el que se mete con el poder, muere.

Otra diferencia esta en que si Lopez u otro testigo declarara, no podría evitarse ningún crimen, no se evitaría ninguna muerte, solamente se aportaría una pequeña cuota de justicia, porque la justicia que demora 20 años no es justicia. Por otro lado, si alguien declarara contra un funcionaro narcotraficante y se lo condenara, se haría verdadera justicia y principalmente se evitaría que se sigan cometiendo crímenes, se tendería a la limpieza de nuestras instituciones, al fin de las mafias y se evitaría que muchos chicos caigan en la adicción. Que Lopez declare no cambiaría mucho las cosas, pero que el pueblo pueda denunciar a sus funcionarios es un pilar fundamental de la democracia. Sin esa posibilidad no hay democracia.

Repudiemos la desaparición de Lopez y hagamos lo posible para que reaparezca. Pero no dejemos pasar por alto este asesinato que constituye un verdadero acto de terorismo de estado, que intimida a todos los ciudadanos de la nación y nos quita nuestras libertades. Si en una democracia el pueblo al estar amenazado de muerte no puede denunciar a sus gobernantes, entonces evidentemente no estamos ante ninguna democracia.

Nota: Sr. Romero por favor no me mate. Bastará una simple amenaza para que borre esto y pase al ostracismo.

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